El 4 de marzo del 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, se adoptó un acuerdo inédito para América Latina y el Caribe: el primer tratado regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Conocido como el “Acuerdo de Escazú”, el tratado tiene por objetivo luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible1. Especialmente importante es que este acuerdo es el primero en el mundo que incluye disposiciones para garantizar un entorno seguro para que defensoras y defensores ambientales puedan actuar sin amenazas ni inseguridades. Así, el Acuerdo de Escazú se erige como una oportunidad para fortalecer las democracias, resguardar los derechos humanos y proteger la biodiversidad.

Para América Latina y el Caribe este tratado es particularmente relevante, porque al mismo tiempo que alberga un patrimonio natural excepcional, es el territorio más peligroso para las y los activistas ambientales. En Latinoamérica y el Caribe se encuentran los países más biodiversos y singulares del mundo, de hecho se estima que más del 70% de la vida terrestre del planeta habita esta zona2. Por ejemplo, Colombia es el país con el mayor número de especies de aves3, el Amazonas es el hábitat con mayor biodiversidad4y en Chile se encuentran los bosques más australes del planeta5. Es decir, es un territorio clave para enfrentar la crisis climática y ecológica que vivimos. Sin embargo, Latinoamérica es también la zona más peligrosa para la defensa ambiental. Según el último informe de Global Witness6, de los 212 asesinatos a activistas ambientales ocurridos el 2019, alrededor del 70% sucedieron en este territorio. A esto se le suma un número aún mayor de personas que fueron atacadas, amenazadas, encarceladas o enfrentaron campañas de desprestigio debido a su trabajo por la defensa ambiental.

Haciéndose cargo de este escenario, 22 Estados ya firmaron el Acuerdo de Escazú y nueve de los 11 requeridos para su entrada en vigor, lo ratificaron. Entre los pocos países que no han firmado el acuerdo se encuentran Cuba, Venezuela y –sorpresivamente– Chile, a pesar de haber sido uno de los países impulsores del acuerdo durante su negociación. Entre los argumentos para justificar este radical cambio de postura, se incluye la aseveración de que Chile contaría con todas las medidas que establece este tratado7. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con la realidad. Si bien Chile tiene herramientas de participación, su mera existencia no asegura que todas y todos podamos acceder a ellas y que estas realmente incidan en la toma de decisiones. Adicionalmente, nuestro país carece de medidas específicas para la protección de defensoras y defensores ambientales. Esto se ve reflejado en la alta tasa de conflictividad socio-ambiental del país, que figura 5° en conflictos socio-ambientales per cápita del mundo según el Atlas de Justicia Ambiental8, y que tiene 117 conflictos registrados en el Mapa de Conflictos Socio Ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos9.

Sobran ejemplos para demostrar que Chile no cuenta con todas las medidas que el Acuerdo de Escazú establece. Respecto a la información, si bien es cierto que en Chile existen un sinnúmero de plataformas y mecanismos para acceder a ella, el verdadero acceso no se remite únicamente a que existan datos disponibles, si no que depende de los canales de comunicación utilizados, del lenguaje empleado y de la temporalidad con que se provee la información, cuestión que en Chile no está resuelta.

Respecto a la participación, existe un sinnúmero de casos en que la institucionalidad ha sido la responsable de frenar la participación de la ciudadanía en vez de promoverla. Por ejemplo, durante la evaluación del uso de explosivos en la minería de carbón en Isla Riesco, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental negó la posibilidad de hacer observaciones a la comunidad10 y solo luego de una serie de apelaciones, la Corte Suprema ordenó una consulta ciudadana. Esto se ha repetido en diversas situaciones, como la negativa de participación en la evaluación de prospecciones mineras en Aysén, donde nuevamente fue la Corte Suprema la que garantizó el acceso, luego de la insistencia ciudadana.

Respecto a la justicia ambiental, si bien en Chile existen instancias como los Tribunales Ambientales, entre las partes interesadas hay una asimetría en la posibilidad de acceso, ya que las asesorías técnicas y legales no están garantizadas11, y por lo tanto la participación en instancias judiciales depende de los recursos económicos de las comunidades o de la disponibilidad de las ONG de trabajar ad honorem, versus la capacidad económica de grupos empresariales o el mismo Gobierno. Un exhaustivo análisis sobre el acceso a la justicia ambiental se encuentra disponible en el documento “Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile” de Espacio Público.

Por último, en Chile las y los defensores ambientales son hostigados y amenazados de forma periódica. Para resguardar su integridad en esta columna no mencionaremos sus nombres, pero basta una rápida búsqueda en internet para encontrar diversos testimonios y denuncias. Personalmente puedo afirmar que el Estado no cuenta con ninguna herramienta para otorgar un entorno seguro para las y los defensores ambientales, puesto que en nuestra defensa por Isla Riesco necesitamos de ellas y el Gobierno no otorgó respuesta.

Que Chile insista en que cumple con las medidas establecidas en el Acuerdo de Escazú es un problema grave, ya que negar esta realidad implica que como país no nos haremos cargo de resolver las debilidades de nuestra institucionalidad y por lo tanto mantendremos la vulnerabilidad a la que están expuestas las comunidades y la biodiversidad del país. Sin embargo, Chile aún tiene la oportunidad de firmar este acuerdo, y así hacerse cargo de la responsabilidad que tiene de promover el diálogo, la equidad y la transparencia en la toma de decisiones. Hacerlo sería un paso clave para avanzar hacia un país más justo, democrático y sostenible, tres cosas de las cuales ninguna sociedad puede darse el lujo de prescindir.

  1. CEPAL, N. 2018. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
  2. UNEP-WCMC. 2016. El estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido. Recuperado de: https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/830/original/Biodiversity_Review_LAC_Artwork_ES.pdf
  3. Ayerbe, F. 2018. Guía ilustrada de la avifauna colombiana. Wildlife Conservation Society, Colombia.
  4. UNEP-WCMC. 2016. El estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido. Recuperado de: https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/830/original/Biodiversity_Review_LAC_Artwork_ES.pdf
  5. Rozzi, R. 2018. Cabo de hornos: Un crisol biogeográfico en la cumbre austral de américa. Magallania (Punta Arenas), 46(1), 79-101. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442018000100079
  6. Global Witness. 2020. Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Recuperado de: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
  7. Radio Cooperativa. 2019. Ministra Schmidt por tratado de Escazú: «Chile cumple con todas las medidas». Recuperado de: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/ministra-schmidt-por-tratado-de-escazu-chile-cumple-con-todas-las/2019-08-02/122819.html
  8. Detalles en: https://ejatlas.org/
  9. Detalles en: https://mapaconflictos.indh.cl/
  10. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2016. Resolución Exenta N°10/2016. Recuperado de: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/01/13/RES_010_2016.pdf
  11. Espacio Público. 2017. Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile. Recuperado de: https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_21-IPP-Acceso-a-la-justicia-ambiental-digital-final-PDF.pdf