En el contexto de lo establecido en las leyes 19.300 y 20.500, el pasado 30 de abril y hasta el próximo 5 de julio, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se encuentra divulgando a través de su página web, una consulta ciudadana respecto de los descubrimientos expuestos en el proyecto FIPA 2017-17. El objetivo principal es escuchar a la ciudadanía respecto de la nueva «Propuesta de Política Nacional de Acuicultura para las próximas dos décadas«.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la normativa e institucionalidad que rodea la industria de la acuicultura en el país. La encuesta se origina en torno a un informe realizado por la Pontificia Universidad de Valparaíso en solicitud de La Subsecretaría De Pesca Y Acuicultura con el propósito de renovar la política de acuicultura del país, que data del año 2003, y que a 20 años de su entrada en vigencia ha quedado obsoleta a los nuevos desafíos de sustentabilidad y conservación que urgen en este campo, logrando congeniar las proyecciones económicas con un desarrollo sostenible.

La iniciativa ha sido duramente cuestionada por distintos actores de la sociedad civil, quienes señalan que, la propuesta perpetúa el “modelo depredador” o extractivista, en vez de enfatizar en el desarrollo de políticas públicas integrales que protejan los mares.

El informe

El informe fue realizado entre los años 2017 y 2019 por la PUCV y dio lugar a la “Propuesta de política nacional de acuicultura para las próximas dos décadas», el cual contó con la integración de diferentes fuentes y herramientas de análisis, y que se encuentra disponible en internet.

El estudio resultante fue categórico, la acuicultura en Chile no es sostenible a largo plazo. Los motivos identificados en el documento para indicar esta premisa son los siguientes; baja diversificación de la acuicultura nacional, débil estrategia comercial y una dispar presencia en los mercados, baja aceptabilidad social de la acuicultura, una insuficiente gestión sanitaria y ambiental de la acuicultura, una débil e insuficiente institucionalidad público-privada, normativa no ajustada a los requerimientos y oportunidades y una insuficiencia de conocimientos y competencias adecuadas.

Bajo estas conclusiones se elaboraron los lineamientos propuestos para la acuicultura de las próximas décadas, la cual tiene cuatro ámbitos de acción. Desde un punto de vista económico se busca una viabilidad, dentro de un mercado estratégico y diversificado; En lo social busca tener aceptación y ser reconocida a nivel local, nacional e internacional; En lo ambiental, ser reconocida como una actividad sustentable, incluyendo el resguardo del patrimonio natural; y en cuanto a la gobernanza se busca fortalecer la institucionalidad y desconcentrar las decisiones y generar normativa que reconozca las particularidades de distintos tipos de acuicultura y ecosistemas.

Rechazo de la sociedad civil

La agrupación No + Salmoneras ha emitido una declaración pública que reúne a más de 150 organizaciones y personas naturales para rechazar la consulta implementada por el Ejecutivo.

En el comunicado señalan que la iniciativa impulsada por el gobierno demuestra el interés en perpetuar el interés del sector empresarial, en desmedro de las comunidades afectadas.

“Desde los territorios intervenidos por la acuicultura, y principalmente por la industria salmonera, declaramos que somos testigos de la progresiva degradación y contaminación de cada lugar en que esta actividad económica se ha desarrollado, incluyendo bordes costeros, ríos, lagos, fiordos y mares; somos conscientes también del impacto de la cadena productiva de insumos para la industria (enormes cantidades de alimentos extraídos a su vez del mar, uso desproporcionado de antibióticos y pesticidas, huella de carbono e hídrica detrás de cada operación, etc.); de la precariedad laboral, brecha de género, pérdida de economías locales, oficios, soberanía alimentaria, deterioro del tejido social y costumbres sufrido por las comunidades invadidas por la industria”.